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| En esto también tenemos el récord mundial |
Ha bastado que el Gobierno anunciara que en la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial prevé incluir en la interminable lista de
aforados en nuestro país a la Reina y a los Príncipes de Asturias, para que se
desatara una campaña que clama contra la existencia misma de un privilegio que
altera las reglas de competencia judicial penal en beneficio de determinadas
personas, a los que se les reconoce el derecho a ser encausadas y juzgadas por
determinados tribunales previamente señalados y también como es lógico contra
el exagerado número de aforados de los que “disfrutamos” en esta España de
nuestros pecados.
Vaya por delante mi rechazo contra los privilegios en
general y de éste del aforamiento en
particular. Dice nuestra Carta Magna que todos somos iguales ante la ley y en
ese sentido creo que las excepciones a la generalidad de la norma debieran
estar perfectamente justificadas y por desgracia no es el caso.
El aforamiento nació in
illo témpore para garantizar la necesaria libertad de los miembros de las
cámaras y evitar intromisiones ilegítimas de otros poderes en el ejercicio de
sus funciones. Está claro que desde aquellos tiempos, en que el nuevo Estado
liberal peleaba por transformar monarquías no constitucionales en parlamentarias,
las circunstancias y los peligros de intromisión han cambiado y sin embargo en
lugar de reducirse el número de aforados o haber eliminado el privilegio mismo, vemos
que ha aumentado en una cantidad (10.000 dicen) que a mí, como a tantos otros,
me resulta un escándalo inaceptable.
Dicho esto, sí quiero decir que el aforamiento no es un
instrumento cuya finalidad sea la de generar la impunidad del que disfruta de
este privilegio, tal y como sostienen muchos de sus críticos, o que evite que
los aforados respondan por sus delitos, que haga inútil la acción de la Justicia
contra la corrupción, ni que de su ejercicio se derive una carga económica
injusta e insoportable o un retardo en la administración de la Justicia, que
todo eso y mucho más se afirma en las redes sociales.
Nadie puede negar que el aforamiento constituye una quiebra
al principio de igualdad ante la ley, que es un residuo procesal que deriva de
situaciones que ya no se producen y que por tanto hay que reducir al máximo ese
privilegio cuya aplicación actual resulta difícilmente justificable y muchísimo
menos con la sospechosa generosidad con la que se emplea, pero de ahí a
sostener las cuestiones que antes mencionaba, media un mundo.
Debo confesarles una cuestión, cuando detecto una campaña
organizada que es recibida por la opinión pública como agua de mayo,
automáticamente siento que se nos está intentando engañar y que hay una
intención oculta en los que manejan este tipo de cosas. Creo firmemente que se nos
arrojan datos que son como las migas de pan de los cuentos de hadas pero con la
finalidad contraria. Me explico, en los cuentos las migas arrojadas a lo largo
del camino debían asegurar la vuelta a casa de los niños correspondientes, en
el relato de terror en el que se está transformando nuestra vida los trozos de
pan que vamos encontrando en las redes sociales y en los medios de comunicación
lo que hacen es mantenernos en el interior de un laberinto que no nos lleva a
ningún lugar.
Desde mi punto de vista la existencia de aforados es un
problema más de índole técnica que real, los que disfrutan de ese privilegio
son procesados por unos tribunales predeterminados, ahí acaba el privilegio, ya
que ese tribunal les aplica el mismo código penal que al resto de los mortales.
Pero no todo son ventajas, de la aplicación de esta medida se derivan problemas de índole
jurídica muy importantes, por ejemplo la pérdida del derecho a la segunda
instancia de los aforados que son juzgados directamente por el Tribunal
Supremo.
Pero no quiero que las cuestiones técnico jurídicas nos distraigan,
creo que los aforados y el aforamiento son los síntomas de una enfermedad muy
grave y que muy probablemente si nos limitamos a eliminar los síntomas, si
simplemente nos contentamos con bajar la fiebre y quitar el dolor al enfermo,
éste termine muriendo a causa de la infección que sigue creciendo pese a que
hayamos conseguido aplicar un tratamiento sintomático muy eficaz. No hay
fiebre, no hay dolor pero al final la infección mata.
El problema real es que las cúpulas de los dos partidos más
importantes y también la de otros partido más pequeños están encantados con el
aforamiento, porque a la organización y a los intereses de sus cúpulas ya les
va bien, como dirían en mi tierra, que se les juzgue en el Tribunal Supremo a
unos o en los respectivos Tribunales Superiores de Justicia a otros.
¿Cuál es el motivo por el que están interesados en ello?,
simplemente porque la élite política, los dirigentes de la casta quieren ser
juzgados ante tribunales cuyos miembros hayan sido elegidos por ellos mismos.
Al fin y a la postre se trata de aquello tan viejo de que hablando se entiende
la gente y claro está que entre amigos y conocidos es más fácil sobrellevar los
asuntos penales, sobre todo si los representantes de la Justicia deben su
nombramiento a aquellos a los que hay que juzgar.
Así que no nos dejemos engañar, el problema real, la
enfermedad que va a acabar con nuestro sistema, no es el de la existencia de esos diez mil aforados, un número vergonzoso
por su disparatada dimensión; ni la
enormidad que supone que, el aforamiento que nació para proteger la acción
parlamentaria, se haya extendido a los delitos comunes presuntamente cometidos
por los aforados; ni que nuestro insoportable Estado de las Autonomías se haya dedicado
a crear estatutos copiados directamente de la Carta Magna y haya parido sus propios
aforados aunque éstos sean de segunda división.
El verdadero problema está en la politización de la
administración de la Justicia, en la absoluta dependencia y sometimiento del poder judicial
ante el poder político. Ese es el problema, no creo que debamos atacar a los
síntomas sino erradicar la enfermedad. Hay que devolver su independencia, la
independencia que le garantiza nuestra Constitución, al Poder Judicial y cuando
éste sea independiente verán ustedes cómo el problema de los aforados y otros
mucho más graves y presuntamente insolubles, como la corrupción generalizada y
el dispendio del dinero público sin el correspondiente reproche penal,
desaparecen milagrosamente o son combatidos eficazmente.
Independencia gritan algunos y yo digo que sí, independencia…pero
para el Poder Judicial.
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