Tratábamos ayer un tema espinoso, delicado que tiene que ver con la honestidad de una serie de personas y que por eso precisamente requiere de manera inmediata una aclaración pública, minuciosa y transparente.
Hace ya tiempo que circulaban rumores que relacionaban a un ciudadano y algunos concejales. El ciudadano recibía tratos de favor de la administración municipal nacionalista y tenía, presuntamente, tratos comerciales dudosos con algunos concejales. Creo que el run run hizo buena esa frase tan manida que reza. “El rumor es la antesala de la noticia”.
Efectivamente la noticia saltó en un pleno extraordinario convocado por la oposición, en el que se solicitaba la apertura de una Comisión de Investigación que profundizara en una serie de hechos, que al que le interese conocer puede informarse en el artículo que colgué ayer en este mismo blog.
El Concejal del PP Carlos Figueroa pedía aclaraciones sobre una serie de hechos, que de ser ciertos, tenían y tienen una calificación penal indiscutible. Se cruzaron acusaciones de supuestas corrupciones y corruptelas diversas entre los distintos grupos e incluso se acusó a Marcial Morales de dirigirse al Sc. General del PSC-PSOE, José Miguel Pérez, para que éste utilizara su influencia para frenar la convocatoria del Pleno. Un detalle que dice mucho sobre la calidad ética y democrática de algunos.
Pero, siempre hay un pero cuando no hay un ciento, Carlos Figueroa ha llevado a cabo un trabajo, parte del cual, supongo que algo queda siempre en la recámara, ha hecho público y presenta ante los medios de comunicación y los vecinos unas presuntas conductas que ponen muy difíciles las cosas para Marcial Morales, sus concejales y CC.
Hasta este momento sólo cabe alabar el trabajo de la oposición que ha cumplido con su función principal, que no es otra que controlar la acción del Grupo de Gobierno.
Pero las cañas se pueden tornar lanzas si llegado al presente estadio la oposición y los nacionalistas se limitan a cruzarse acusaciones y descalificaciones en una pendencia que solamente pretenda la finalidad de conseguir ventaja partidista en la próxima cita electoral.
Si el socialista Iñaki Álvaro Lavandera y el popular Carlos Figueroa se limitan a concitar la duda sobre la honestidad de algunos componentes del grupo nacionalista, si la finalidad del Pleno, de las veladas acusaciones, de la exposición de asuntos que se han presentado a la opinión pública como muy turbios, en definitiva si la oposición únicamente ha buscado el desgaste del alcalde y su gente adquieren una responsabilidad que deberán pagar más allá de su coste electoral.
No pueden refugiarse en la excusa de que al negarles la Comisión de Investigación los votos nacionalistas ellos no pueden hacer nada más. Si realmente creen que es cierto lo que han puesto al descubierto, si de acuerdo con su criterio, se han producido conductas reprobables y creen que de lo expuesto se puede deducir la presunta comisión de unos hechos tipificados en nuestro Código Penal como delitos, sólo les queda un camino, que no es otro que el que conduce a la Fiscalía.
Todos los ciudadanos tenemos la obligación ineludible de denunciar la comisión de los delitos de los que tuviéramos conocimiento, mucho más obliga este mandato a los concejales del grupo del Partido Popular y del PSC-PSOE, por su doble condición de ciudadanos y representantes de la voluntad popular.
Si el voto en contra de la Comisión de Investigación de los nacionalistas les cierra el camino para investigar lo sucedido con luz y taquígrafos, ante la gravedad de lo que se ha expuesto, no les queda más camino que la denuncia correspondiente ante las instancias judiciales pertinentes.
Decía ayer que presunción de inocencia toda y para todos, incluidos los concejales de la oposición que bien pudieran pasar de denunciantes a presuntos encubridores.
Antes de abrir un asunto tan delicado hay que sopesar sus consecuencias, no tengo por qué dudar de la coherencia de Carlos Figueroa y de Iñaki Álvaro Lavandera por tanto espero que la necesaria reflexión se haya producido y por tanto nos llegue, de inmediato la noticia de la denuncia de los hechos ante el Fiscal correspondiente.
Lo exige por una parte el derecho de los vecinos a saber la verdad y por otro me parece que Marcial Morales y su gente, si reflexionan, agradecerán una investigación que, de ser tan inocentes como se proclaman, les devolverá el brillo a su honestidad y buen nombre, que convendrán conmigo, en este momento y por ser caritativo manifestaré están en tela de juicio.
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