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| Tiene mano... |
Llevaba algún
tiempo dándole vueltas al asunto de los indultos, el del conductor
kamikaze, me lo estaba pidiendo a gritos, pero la actualidad se metía
por banda y lo iba aparcando. Hoy la resolución del Supremo que
anula parcialmente la concesión de un indulto, me inclina a tratar
el tema.
El Ministerio
de Justicia define al indulto como una medida de gracia, de carácter
excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas
de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta
del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de
Ministros.
Por lo tanto
no puedo estar de acuerdo con la aplicación de la medida porque se
está manejando con una “generosidad” que invalida una de las
condiciones que justifican su existencia, que no es otro que el de su
excepcionalidad.
Debe ser una
medida de carácter excepcional, pero la realidad, la tozuda
realidad, nos dice que en España, los distintos gobiernos de uno u
otro color han indultado, entre el año 1996 y el 2012, la
sorprendente cifra de 10.146 individuos, lo que nos da una media de
596,82 indultos por año o si lo prefieren 1,64 condenados al día.
Datos que
aparecen en un estudio llevado a cabo por una plataforma ciudadana
independiente, que han tenido que recabar los datos uno a uno,
repasando pacientemente los BOE,s confirmando la opacidad con la que
se maneja la aplicación de esta supuesta medida de gracia de
naturaleza excepcional.
Resulta
indiscutible, o a mí me lo parece, que esa supuesta medida de gracia
de carácter excepcional, ha sido mal utilizada a lo largo de
muchísimo tiempo y aplicada con una prodigalidad que desvirtúa
gravemente a la propia medida.
Nos
encontramos una vez más con la utilización del favor político, con
la clara finalidad de burlar el contenido de las sentencias
correspondientes y por la gatera del indulto evitar el cumplimiento
de las penas impuestas a los afortunados que supieron buscar el favor
político.
Hay que
corregir de inmediato la cuestión, la continuada aplicación del
indulto resulta una mofa a la supuesta independencia del Poder
Judicial, que ve como el Ejecutivo poder ajeno a la imposición de
penas, evita su cumplimiento, utilizando de forma torticera la medida
de gracia.
Que el favor
político resulta muy importante, cuando no decisivo para conseguir
el indulto correspondiente, lo demuestra la distribución geográfica
de las sentencias que dan origen a los indultos. En primer lugar se
encuentran las emitidas por los juzgados de Madrid, lo que parece
razonable por la existencia del Supremo y la concentración de
órganos judiciales y tras Madrid, van las comunidades autónomas de
Valencia, Andalucía, País Vasco y Cataluña.
Esa
distribución geográfica deja bien a las claras que en la concesión
del indulto prima sobremanera, por encima de cuestiones humanitarias
o de justicia, la influencia y el favor políticos. Dos comunidades –
Andalucía y Valencia - en las que el PP y el PSOE tienen el poder
hace muchísimos años y las de Cataluña (CiU) y el País Vasco
(PNV) en las que los partidos nacionalistas gozan de un peso
específico muy importante.
Así que lo de
carácter excepcional, se sustituye por la filosofía de que “el
que tiene padrinos se bautiza...” y ya tenemos una nueva
herramienta para ejercer el favor de manera clientelista y burlar así
a la Justicia.
No puedo estar
contra el indulto, aunque en el fondo piense que la figura es un
residuo, poco evolucionado, de un derecho ejercido por los poderosos
y que nos acompaña desde tiempos casi inmemoriales, pero no puedo
oponerme frontalmente a su existencia, por su carácter de medida de
gracia, que debiera aplicarse solamente para corregir situaciones
paradójicas, en las que de la recta aplicación de las leyes se
derivara la aplicación de una pena objetivamente desproporcionada o
una situación evidentemente injusta.
Se está
aplicando muy mal una medida jurídica que busca la equidad. En esto,
como en casi todo, el poder político mancha lo que toca y esta es
una cuestión que habría que resolver, cuanto antes mejor.
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