jueves, 7 de abril de 2011

El fin no justifica los medios

Esta Justicia es demasiado ciega para el gusto de algunos...
Hace un par de días la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomo la decisión de tipificar el delito que pudieran haber cometido, los presuntos autores del “chivatazo” o del Caso Faisán. Los Magistrados entienden que de la instrucción realizada se desprende la posibilidad que en el bar Faisán se hubiera cometido un delito de colaboración con banda armada.

Y dan una explicación técnica de cual es el motivo por el que el delito presuntamente cometido es el de “colaboración con banda armada” y no el de “revelación de secreto” como pretendía inexplicablemente la Fiscalía, ya que conforme al acuerdo de los magistrados, no es necesario que los presuntos autores compartan las finalidades de la organización, tal y como mantenía el fiscal, que pretendía cambiar la tipificación, al objeto que este vidrioso caso se viera ante un Juzgado del País Vasco y no en la Audiencia Nacional.

Hasta aquí, desgraciadamente nada nuevo, la lucha de la Fiscalía General del Estado, transmutada en Fiscalía del Gobierno para el Estado, para evitar la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional y que parece tiene entre la espada y la pared a una serie de policías y al propio Ministerio del Interior.

Pero de lo que quiero tratar es del voto discrepante de uno de los magistrados, concretamente, del voto de José Ricardo de Prada. Y antes de comentar el contenido del mismo me gustaría hacer una reflexión, personalmente entiendo que la figura de los jueces se ha sacralizado en demasía.

Me explico, en mi humilde opinión, un juez es un técnico jurídico que está capacitado para juzgar conductas conforme a lo que determinan unas normas que conocemos como leyes. Debe ser honesto, pero no más que un fontanero, debe ser inteligente, pero no más que un ingeniero, debe conocer profundamente su trabajo, pero no más que un cartero.

Quiero decir que son gente normal y corriente, que poseen unos conocimientos que les permiten aplicar la ley a través de unos procedimientos reglados; alguno pensará que es una simplificación, pero es así, el juez aplica la ley conforme a la norma, esta es la base en la que se sustenta nuestro estado de derecho.

Dura lex sed lex, la ley es ley por dura que sea, claro que después se pueden aplicar una serie de matices, reglados por la propia ley, la jurisprudencia y otras fuentes de derecho, pero no hay otra cosa en el acto de enjuiciar, en el trabajo de un juez, que la aplicación de las normas que regulan precisamente ese proceso y que definen los delitos y las penas.

Es por lo que me ha dejado de piedra, el voto discrepante de D. José Ricardo, pero no porque discrepe, sino por los motivos que aduce para sustentar su disconformidad con el acuerdo tomado por el resto de sus compañeros de Sala. Sostiene nuestro magistrado que lo del chivatazo tiene “plena justificación” en el marco de un "proceso de paz".

Acaba de descubrir el magistrado un nuevo tipo de ley. Podríamos llamarlas leyes fijas discontinuas, porque lo que sostiene de Prada es que, en ocasiones, la aplicación de la ley y las consecuencias derivadas de esa aplicación pueden quedar en suspenso, cuando la situación política lo aconseje.

Que quién eso sostenga sea un magistrado de la Audiencia Nacional, nos dice bien a las claras hasta que punto ha llegado la politización de la Justicia y el preocupante déficit ético de quién, por la dignidad que ostenta, está obligado a mantener el respeto y cumplimiento de las normas por encima de cualquier interés, más allá del cumplimiento de la ley y la aplicación de la justicia.

Puedo comprender que haya en nuestra sociedad mucha gente convencida de que el fin justifica los medios, pero que eso lo sostenga un Magistrado, no en un charla de cafetería, sino en un voto discrepante da que pensar. Si advertir a los terroristas para que no sean aprehendidos, si ignorar las órdenes de detención de otros jueces, si ayudar a la extorsión no merece un castigo y está “plenamente justificado” en el ámbito de un “proceso de paz”, apaga y vámonos.

No es un problema ideológico, no es un problema ético, es un problema de aplicación de la norma. No se puede pretender que la aplicación de la ley quede en suspenso cuando al poder político le convenga. Parece sencillo de entender, pero por lo visto hay magistrados que creen en la aplicación de una justicia de nuevo cuño, una Justicia que ya no es ciega, sino que, por el contrario mantiene los ojos bien abiertos al objeto de favorecer los intereses de algunos políticos.

Inadmisible.

























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