De boda en la notaría

Gallardón

Que la Justicia anda mal en nuestro país no es noticia, desgraciadamente sobre la Justicia y su administración creo que todos estaremos de acuerdo. Es lenta, por tanto ineficaz - cuando no injusta -  premiosa, excesivamente burocratizada, falta de medios y de coordinación, perdió su independencia, sus órganos de  gobierno están “ideologizados” cuando no politizados y por tanto necesita de una reforma urgente desde los cimientos al tejado.

Parece que el nuevo ministro de Justicia, el siempre sorprendente Alberto Ruiz Gallardón, aquel verso suelto del PP, ha decidido coger el toro por los cuernos y está asumiendo esa tarea difícil y compleja de poner al día los mecanismos que regulan la actividad de los Tribunales, a la vez que establece nuevas medidas de coordinación, mientras propone acciones, de orden quizás menor, pero que van en la dirección de  aligerar  la carga de trabajo de los juzgados, en las tareas que no requieran naturalmente la aplicación de un acto jurisdiccional.

Y en ese sentido Gallardón ha propuesto que se habilite a los notarios, fedatarios públicos conviene recordarlo, para que puedan oficiar bodas y también dar fe de los divorcios que se produzcan de “común acuerdo”. Hay que considerar que por primera vez en la historia, las bodas civiles superaron en número a las religiosas en el año 2009 y la tendencia permanece, por lo tanto cuando se habla de descargar de esa responsabilidad a unos juzgados que se encuentran colapsados y que son incapaces de abrirse camino entre el cúmulo de asuntos que  deben tratar, no se está hablando de un gesto testimonial, se está hablando de una propuesta de calado.

Precisamente no hace tanto tiempo el Sindicato de Trabajadores de Justicia advertía, de que si se ampliaban los horarios para atender la creciente demanda de potenciales contrayentes que querían celebrar su matrimonio en el juzgado habría que aumentar la plantilla de éstos, poner más medios y pagar horas extras a los oficiantes. Paralelamente los Ayuntamientos han ido estableciendo unos horarios muy estrictos, cuasi restrictivos diría yo, para la celebración de  las bodas, lo que ocasiona problemas a los ciudadanos que se ven obligados a celebrar la ceremonia en “horas de oficina” y con una celeridad que desde luego no se compadece con la importancia que tiene la ceremonia para los contrayentes, sus familias y amigos.

Por otra parte sobre el matrimonio - sobre el divorcio no decía nada el derecho canónico - establece el canon que los ministros del sacramento del matrimonio son los propios contrayentes, el sacerdote, el oficiante es simplemente un testigo que da fe de la libre voluntad expresada por los contrayentes de unir sus vidas en matrimonio. Por tanto y aceptando que vivimos en una sociedad que, por mucho que les pese a algunos, hunde sus raíces en lo cristiano y sin meterme en veredas y disquisiciones filosófico-jurídicas, me parece muy normal que un notario de fe de la voluntad que expresan dos ciudadanos que libremente quieren contraer matrimonio.

Decía Gallardón y creo que tiene razón, ¡quién me iba a decir que iba a estar de acuerdo con todo lo que hasta ahora ha hecho o propuesto! digo que el ministro sostiene que “aquí tramitamos por vía judicial muchos asuntos que tendríamos que resolver de forma distinta. Esa va ser una de las primeras medias que vamos a hacer a través de una ley de mediación y una ley de jurisdicción voluntaria”, y continuó afirmando que no tiene sentido que dos personas que se quieren divorciar "de mutuo acuerdo" y que sólo necesitan una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado, no puedan formalizar directamente su divorcio ante un notario y que se tenga que iniciar un expediente judicial, con lo que eso supone de trabajo para los juzgados y de molestias para las partes.

Me parece una buena idea, no han faltado los que siempre juegan al contraataque, sobre todo si la propuesta viene por la derecha y ya ha habido quién ha anunciado  la posibilidad de crear una justicia de dos velocidades, por aquello de que habrá quién no pueda pagar lo que cobre el notario, o los que creen que estas cosas lo que hacen es "desjudicializar" la Justicia, y que consecuentemente resulta peligroso.

Bueno voy a evitar criticar a los críticos, que casualmente son representantes de “asociaciones progresistas”, pues he de suponer que el anuncio los ha cogido por sorpresa y no han tenido tiempo y tampoco demasiado ingenio para oponerse por principio a la propuesta. Lo de desjudicializar la Justicia es una tontería como la copa de un pino, desde  el momento que el juez que  “casa” a los contrayentes en ese acto, no lleva a cabo ningún acto jurisdiccional, actos que solo pueden llevar a cabo los jueces, no es un asunto que sólo pueda llevar a cabo un juez, por tanto asunto resuelto.

Sobre la posibilidad de que los “pobres” no puedan casarse o descasarse, por aquello del precio, tranquilizar a los ciudadanos, parece en principio que entendiendo que el precio de la actuación notarial en una boda o en un divorcio de mutuo acuerdo sería parecido o igual al que tienen en actos tales como testamentos o capitulaciones matrimoniales, está fijado en unos treinta euros lo que tampoco resulta demasiado exagerado. Por otra parte no me cabe la menor duda que el ciudadano que quiera casarse y no pueda hacer frente al pago del arancel notarial tendrá el mecanismo correspondiente que le garantice su boda y más tarde el divorcio de mutuo acuerdo, de manera gratuita y rápida.

Otro cambio, como el que se produjo cuando se introdujeron las bodas civiles en las costumbres de este país. Me parece adecuado, quitará muchísima carga de trabajo a los Juzgados, garantizará los bienes jurídicos a proteger y ya de paso les echará un cable a los notarios a los que la crisis tiene caninos. Nadie podrá discutirme que si los sindicatos correspondientes pedían aumento de plantilla en los Juzgados al objeto de atender a las peticiones de bodas, los notarios tendrán que contratar gente que trabaje en estos asuntos, lo que no está nada mal sobre todo si tenemos en cuenta cómo están las cosas.

Me parece que esta propuesta define muy bien la filosofía de este gobierno, del que algunos dirán que hace de la necesidad virtud, no lo voy a discutir, lo que sí me parece indiscutible es que está buscando la manera de aligerar la carga de trabajo en los juzgados, lo que nos beneficiará a todos y lo hace sin gastar un duro del dinero público y eso amigos míos es una buena noticia.

Así que a partir de la fecha iremos con la parienta al notario, no para firmar la documentación del maldito crédito para “reformar” el baño, sino de corbata y pamela para asistir a la boda de Juanita, la hija de nuestra cuñada Carmen que nos la va a casar D. Gregoriano ese tío con cara de sieso…

Todo un cambio, doy fe.