La izquierda no traga

Cristóbal Montoro propone...

Para ser justo debería decir que ni la izquierda, ni los nacionalistas, aquí por lo visto la oposición se dedica a estar en contra de cualquier medida que pueda proponer el Gobierno y la gravísima situación por la que estamos pasando no parece que influya en su voluntad lo más mínimo. Ahí tenemos las reacciones a las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que anunciaba ayer mismo la intención de modificar la Ley de Transparencia del Gobierno en el sentido que ésta prevea la posibilidad de exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto.

Creo que lo de pedir responsabilidades penales a  políticos y gestores públicos, en definitiva, a todo aquel que maneje dinero público está bien. No se puede permitir que haya quien se dedique el “noble arte” de falsear la contabilidad, esconder las facturas, dar subvenciones sin la preceptiva reserva de crédito, sin que respondan por esas conductas, como responden los ciudadanos que hacen estas cosas en la contabilidad de sus empresas. Es más creo que habría que considerar la posibilidad de crear una agravante específica para estos casos, para que se aplique cuando el autor del desaguisado sea político, funcionario público o todo aquel que tenga esa consideración o que simplemente se trate de dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos.

Como es natural no están por la labor la izquierda de este país ni los nacionalistas, resulta curioso observar como los que apoyaron los delirantes presupuestos que el gobierno socialista de Zapatero lleva presentando desde el año 2008, son los que más vociferan. Me pregunto qué problema puede haber para modificar la ley, de manera que los ciudadanos estemos protegidos de los desatinos llevados a cabo, de manera irregular, por los políticos de turno. Conceptualmente no creo que se pueda oponer nada a la finalidad, cosa distinta sería discrepar sobre algunos términos del procedimiento propuesto. Que se castigue al gestor que comete irregularidades del gravísimo peso específico que hemos sufrido, me parece de lo más normal y además resulta que si uno escucha a la calle, los ciudadanos llevan reclamando una actuación en ese sentido a lo largo de los dos pasados años. Lo que sucede es que algunos políticos, curiosamente los que más presumen de su progresismo, tienen entrenado su sentido del oído y escuchan de la calle, sólo “los clamores” que les convienen.

Si de oponerse a la medida se trata, pueden ustedes escoger, porque hay opiniones para todos los gustos, el PSOE pregunta si se aplicarán estas medidas retroactivamente, entendiendo que en ellas podría estar incurso el actual ministro de Justicia. Bien, no les da el ingenio para más, todo el mundo sabe que la ley no se puede aplicar retroactivamente, salvo que de su aplicación se produzca una mejor situación para el autor del hecho delictivo. Está claro que por parte del PSOE no hay el menor interés en castigar conductas que le son muy cercanas, se limitan a utilizar la propuesta como arma arrojadiza y se la tiran al PP en la cara de Gallardón, pero no entran en el fondo de la cuestión.

Chavez, se conforma con la responsabilidad política. Un político puede arruinar a un país y respondería simplemente con la responsabilidad política, eso al menos dice el Presidente del PSOE, que de estas cosas tiene que saber mucho, basta mirar a Andalucía para entenderlo. El hombre se aferra a lo de la “responsabilidad política”, opina que bastante castigo resulta que no te voten los ciudadanos.

Los de CiU hablan de paternalismo y acusan al Gobierno de querer responsabilizar de su gestión a las CC.AA, que al fin y al cabo  cuentan con un "margen de actuación limitado". Dice el portavoz de los convergentes que las autonomías "viven de las transferencias" que autoriza el Estado, y que por tanto sus responsabilidades son muy limitadas, eso sería cierto y estaría bien si limitaran su gasto al dinero que tienen, que no es el caso. Parece que el portavoz de los nacionalistas catalanes ignore que en la desviación del objetivo de  la reducción del déficit, una parte muy importante la tiene la deuda de 15.000 millones creada por las CC.AA. Los del PNV, se lanzan al lenguaje moderno y afirman que “es muy fuerte” la propuesta,  mientas IU habla de locura.

Llama la atención que a ninguna fuerza política se le haya ocurrido aportar ideas que mejoraran la propuesta del Gobierno. Puedo entender que no les convenza lo que dice Montoro, pero la idea en sí no es mala, sobre todo si tenemos en cuenta lo que estamos viviendo y lo que se ha hecho con los presupuestos. Vivimos una realidad que exige la adopción de medidas que puedan castigar determinadas conductas. Pues no, la respuesta ha sido una negativa cerrada a que se tome cualquier medida que pueda resultar lesiva para estos tipos que a cuenta de los gastos suntuarios, cuando no faraónicos, las subvenciones dudosas, la generosa contratación de parientes, amigos y correligionarios, han creado una deuda impagable por los procedimientos ordinarios y aquí estamos todos tragando con la subida del IRPF, mientras ellos se van de rositas a la oposición, a seguir viviendo a nuestra costillas y ya está, que por lo visto bastante han tenido con asumir sus “responsabilidades” políticas.

Me parece una barbaridad, resulta inaceptable que los ciudadanos paguemos las consecuencias de lo que ha hecho esta gente, que aquí tenemos una crisis, eso es muy cierto, pero esta circunstancia no les ha impedido la construcción de aeropuertos que no se utilizan, líneas de alta velocidad que hay que cerrar por falta de viajeros, las subvenciones disparatadas, la utilización del dinero público para favorecer a los amigos, etc., etc.

Independientemente de la cuestión penal, creo que estaría bien que aquellos que se extralimiten en los gastos y para ello lleven a cabo todas esas trampas que todos por desgracia conocemos, como lo de las empresas públicas que se organizaron para poder seguir endeudándose y así eludir los controles a los que debe someterse la Administración, o aquellos que han escondido en un cajón, facturas por valor de cientos de millones de euros, sufrieran al menos, la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier cargo público.

Al menos intentar evitar que individuos que han demostrado suficientemente de que pasta están hechos - de la pasta de los ciudadanos que conste - puedan volver a repetir sus desmanes.

El Gobierno propone medidas, la oposición no traga, espero que los ciudadanos tengan algo que decir al respecto.