Llevamos un tiempo que, a cuenta del movimiento de los “indignados” y del interesado y abrumador respaldo que han recibido de las terminales mediáticas afines al PSOE, especialmente de las alineadas con el “rubalcabismo”, resulta imposible abrir un periódico, contemplar una televisión o escuchar una emisora de radio sin que la reforma de la ley electoral esté presente. Y ¿esto es malo? preguntará alguno. Pues no, en realidad el ambiente creado al calor de las nebulosas propuestas del M 15, ha puesto de relieve un problema por cuya solución estábamos clamando muchos, aunque fuera en el desierto.
¿Es necesario cambiar la ley electoral?, pues sí, hay que hacerlo cuanto antes mejor; sin pausa pero, importante, sin prisa. Hay que conseguir cuanto antes el necesario consenso al que obliga la mayoría reforzada parlamentaria necesaria para su aprobación. Resulta imperativa la reforma de la ley electoral, nuestros representantes deben ponerse en marcha para llevar a cabo los cambios necesarios, aunque insisto en que, ya que hasta aquí hemos llegado, mal pero hemos llegado, la reforma debiera llevarse a cabo con la necesaria prudencia, estudio, consenso y reflexión como para que se nos garantice un texto legal que sirva eficazmente al fin para el que fue creado.
Sin embargo sí existen las leyes electorales autonómicas, cuya reforma resulta más sencilla y muy necesaria, toda vez que su aplicación no hace otra cosa que consagrar “sine die” la injusticia y las numerosísimas disfunciones que producen. Parece que en ese trabajo está al menos, Esperanza Aguirre, que propuso un cambio normativo importante aunque fue abrir la boca y la izquierda “progresista” del país se le echó en encima, con una unanimidad y un automatismo, que ponían de relieve el carácter de consigna de las críticas expresadas. Así es la vida, que les voy contar a ustedes que no sepan.
A mí me pareció que Aguirre había aplicado aquello de “del enemigo el consejo”, y aprovechando alguna de las propuestas de los “indignados” ponía en marcha un proyecto legislativo, ilusionante al menos porque rompía con el inmovilismo y la parálisis que sobre el asunto de las leyes electorales, fueran éstas de ámbito nacional o autonómico, habían presidido el panorama político-electoral de la Nación.
Una de las leyes electorales más injustas y antidemocráticas del panorama nacional es la de la Comunidad Autónoma de Canarias, y puestos a hablar de reformas autonómicas, prefiero hablar, con su permiso, de la que más conozco, en la seguridad que, aunque tiene una serie de características derivadas de su carácter archipielágico que le son propias, seguro que la necesidad perentoria de su renovación resulta similar a las de las demás CC.AA.
Para que se hagan una idea, este sistema establece que el 17% de la población, aquella que vive en las islas llamadas “menores” o no capitalinas, elige a la mitad de los diputados del Parlamento Canario y para obtener escaño exige además superar un tope establecido en el 30% de los votos. La terrible desproporción nace de un invento de comienzos de la Autonomía que se denomina la “triple paridad” y que para los que no conozcan el tema paso a explicar.
La Autonomía de Canarias está formada por dos provincias, cuyas capitales respectivas se encuentran en las islas de Gran Canaria y Tenerife, de ahí que a estas dos islas se las conozca como capitalinas. Las provincias se componen de varias islas, a saber, la de Las Palmas la forman Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y la de Tenerife está compuesta por Tenerife, La Palma, Gomera y El Hierro.
Cuando llegó la hora de fijar la representación de cada isla en el Parlamento Canario allá fue Troya. Históricamente las islas “menores” o no capitalinas habían sufrido del abandono secular de las islas mayores que se quedaban con la parte del león de los presupuestos. Por tanto existía una desconfianza histórica que se pretendió paliar con el invento de la triple paridad.
Los 60 diputados se dividieron en dos, 30 para cada provincia, pero como la guerra no estaba tanto en las disputas de las islas mayores o capitalinas, que también, sino en la desconfianza que generaba en las islas menores la actuación de las clases dominantes de Gran Canaria y Tenerife, se decidió dividir por dos los 30 parlamentarios de manera que tuvieran los mismos la isla capitalina correspondiente (15) y las islas menores de la provincia, que se repartirían los 15 restantes. Y ya está la triple paridad. Empate entre las dos provincias, 30 diputados por provincia, empate entre las islas capitalinas, 15 diputados por isla, y empate entre las islas menores de las provincias, 15 diputados repartidos entre las islas menores de cada provincia y ya por fin empate entre islas capitalinas (30) y las islas menores (30).
La triple paridad no ha servido para nada, el problema radica que se parte de una falsedad, los diputados no representan, como se afirma, a las islas respectivas. No son parlamentarios de Fuerteventura, La Palma o la Gomera, son parlamentarios del partido que los haya puesto en lista, su relación con cada isla se limita al hecho de que han sido elegidos en las islas que constituyen circunscripción electoral. Pero la experiencia y el sentido común nos dice que los electos se deben a la disciplina partidaria y votan lo que su partido ordena y no lo que necesita la Isla en la que fueron elegidos. Por tanto la representación de las islas es una falacia y un cuento para engañar a los menos avisados.
Añadan los topes electorales (30%) creados con la única finalidad de garantizar la cómoda presencia de la fuerza nacionalista mayoritaria en Canarias (CC) mientras que otras quedan imposibilitadas para tener representación en el Parlamento Canario y si además se reflexiona sobre lo antidemocrático que resulta que el 17% de los votantes escoja al 50% de los representantes en el Parlamento, creo que no hay más que decir para poder afirmar que resulta imperativa una reforma que dé calidad democrática a la representatividad canaria.
¿Qué si sólo a la canaria?, no seguro que no, lo que pasa es que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, yo hablo de Canarias, seguro que también resulta imperativo el cambio en todas las CC.AA.
Eso es lo que todos debemos pedir, eso es lo que todos debemos exigir.
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