miércoles, 5 de enero de 2011

Biblioteca de San Telmo: ¡Paga pueblo, paga!

La biblioteca que el TS ha ordenado demoler

Reza el viejo dicho que a perro flaco, todos son pulgas y en ese sentido podemos sentirnos orgullosos de la capacidad que tienen nuestros responsables políticos para acomodar nuestra realidad, al objeto se cumpla la sentencia al pie de la letra .

En estas islas si de algo andamos más bien cojos, es de infraestructuras culturales. El dinero público dedicado a la cultura, se dedica a fines inefables, como puede ser organizar una gira, por Valencia y otros lugares de la península, en la que se representaban unas obras líricas de Ernesto Cardenal, eso sí organizada por Caco Senante. Pero no nos vayamos del tema.

Ayer nos enterábamos por la prensa, que la biblioteca pública sita en las cercanías de la avenida marítima de la capital de esta provincia debe ser derribada de inmediato. Conforme a lo que dispone una sentencia del Tribunal Supremo, se anula la licencia concedida, por el ayuntamiento capitalino en el año 1997, al Ministerio de Cultura para que construyera la biblioteca en el Parque de San Telmo de la capital.

¿El problema?, el exceso de cabida de la biblioteca, que ocupa realmente alrededor de 817 metros cuadrados, y que ha ocupado excediendo su superficie final en más de 580 metros, invadiendo unos terrenos dedicados a zona libre y perjudicando de forma notoria a unos vecinos que se quejan ¡qué raro! de la prepotencia de la Administración, que jamás buscó un acuerdo y  pasó por encima de ellos y sus derechos con la desvergonzada alegría con la que ejercen semejantes desafueros, nuestros políticos.

Lo peor está en que, en aquel tiempo, al alcalde y a sus concejales les constaba la opinión de los técnicos municipales que advertían “no existía ordenación específica reguladora para el sistema general cultural administrativo” y abundaban en que no se había redactado, en su defecto, el correspondiente Plan Especial. Ítem más, el jefe de Planeamiento del Ayuntamiento señalaba que el proyecto presentado por Cultura “desborda el ámbito de la parcela y se extiende por el espacio libre colindante".

Así que el alcalde y los concejales sabían, que no se debía conceder licencia de construcción para el proyecto. Se solventó el asunto en plan chapuzas: En septiembre de 1997, se concede la licencia, contra la opinión de los técnicos municipales y en diciembre de 2000, cuando la biblioteca estaba ya en fase de construcción, se aprueba el PGOU de Las Palmas, que da cobertura legal a la construcción de la infraestructura cultural.

Resultado, en octubre de 2002 el TSJC da la razón a los vecinos que habían interpuesto un contencioso administrativo y ya ahora el TS da la razón al TSJC y ordena la inmediata demolición de la biblioteca estatal. Así que nos encontramos ante un problema serio; o se derriba la biblioteca o se paga la correspondiente indemnización a los vecinos perjudicados.

Claro, los actuales responsables se sienten justificados con decir aquello de “Mire usted yo soy músico y me acuesto a las ocho”, pregúntele usted al Sr. Soria, pero claro Soria anda a lo suyo. Fue alcalde, el cargo le valió para catapultarse al Cabildo y de allí al Gobierno de Canarias, pero de responsabilidades - políticas o patrimoniales -, ni hablar del asunto.

Ahora nadie sabe nada: Los que saben, no están y los que están, no saben. Pero sin duda los ciudadanos pagaremos de nuestros castigados bolsillos, el coste de la demolición y la devolución al Ministerio de Cultura del dinero invertido en la construcción y los intereses legales correspondientes, o en el mejor de los casos, la indemnización a los vecinos. Por tanto, como siempre a nosotros,  que nos vayan peinando. Faltaría más.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 145, fija la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y dice:

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Por lo tanto espero, se exijan las responsabilidades correspondientes a los autores de este desafuero. No puede ser que la casta política se proteja, y acepte que pague la Administración, es decir los ciudadanos, mientras que los responsables de estos desafueros se van de rositas.

Lo dice esta ley y lo obliga el interés general, el sentido común y la vergüenza torera, el político –que recuerdo tiene consideración de funcionario público- que en el ejercicio de su cargo, cause daño a la propia Administración debe hacer frente, al perjuicio patrimonial causado, a título personal y si tienen que suscribir un seguro de responsabilidad civil, que lo hagan.

Ya está bien de privilegios que les permiten hacer lo que les da la gana, pese a contar con la opinión en contrario de los técnicos municipales, y ahora trece años después, aquí no pase nada y la pasta necesaria, la saquen de nuestros impuestos. Los políticos son ciudadanos corrientes y molientes, que deben tener más obligaciones y los mismos derechos que el resto de nosotros. No pueden escudarse en los privilegios que la casta crea y cuida de manera tan eficiente. Que, ya se sabe, que entre bomberos no se pisan la manguera y todo arreglado.

Paga pueblo, paga y que a quién Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Inadmisible de todo punto.







































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