Hablábamos ayer de la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se ordena demoler la biblioteca que construyó el Ministerio de Cultura - al amparo de una licencia que otorgó el Ayuntamiento de Las Palmas - y que ha sido anulada por el alto tribunal que confirmaba una sentencia en ese sentido del TSJC, que daba la razón a los vecinos perjudicados por dicha construcción.
No resulta aceptable que se conceda una licencia con informes técnicos en contra. Resulta muy grave que, a cuenta de la ilegalidad de la licencia, se ordene la demolición de una magnífica biblioteca pública, No puede justificarse el daño patrimonial que van a sufrir distintas administraciones, y que pagaremos, al paso que vamos, los ciudadanos de a pie.
Todo está mal, los vecinos de Las Palmas corren el riesgo de quedarse sin biblioteca y tener que pagar los gastos ocasionados, por una decisión irregular de los responsables políticos del ayuntamiento, que parece, se van a ir nuevamente de rositas.
Si ayer el asunto resultaba más o menos claro, ahora, tras escuchar o leer lo que manifiestan los protagonistas de este problema, el ciudadano ya no sabe a qué carta quedarse, ante el cúmulo de opiniones y declaraciones que se contradicen frontalmente.
¿Los ciudadanos estamos condenados a no conocer jamás la verdad de estos asuntos? El problema que comentamos, parece claro. Se solicita una licencia para construir una infraestructura en una parcela que tenía una parte dedicada a un espacio cultural y otra parte destinada a quedar libre de cualquier construcción. Se concede, sin la debida cobertura legal y con la opinión en contra de distintos técnicos municipales, la licencia y se construye la biblioteca, pero el proyecto excede de la superficie autorizada e invade la zona destinada a quedar libre de ocupación.
Los vecinos que resultan perjudicados entablan un contencioso administrativo, que ganan, la Administración recurre ante el Tribunal Supremo cuya sentencia, vuelve a dar la razón a los vecinos y ordena la inmediata demolición. Hasta aquí las cosas están mal, pero claras, muy claras. Vamos a ver que dicen los responsables políticos que están mezclados en este asunto.
El Sr. Soria, el alcalde que concedió la licencia, afirma que la licencia es legal y que se concedió con todos los informes técnicos favorables. Manifiesta que la licencia se concedió, condicionada a que el Ministerio de Cultura hiciera el plan especial y el ministerio no lo hizo. La pregunta es: Si usted da una licencia condicionada a una actuación y ésta no se lleva a cabo, por qué permite la construcción y al cabo de los años le intenta dar cobertura legal en el PGOU de la ciudad.
Y ustedes dirán como se puede reputar como legal una licencia que el TS ha anulado, precisamente por no serlo. Si se concede una licencia de construcción condicionada a una actuación administrativa y ésta no se produce, la licencia no tiene validez jurídica. Y eso lo sabe José Manuel Soria. Por las mismas veredas andaba Jorge Rodríguez, que manifiesta “estar orgulloso de la licencia” y que “está perfectamente dada” (sic). Y puestos a afirmar cosas se habla de “errores en la sentencia”.
El actual alcalde, sin embargo afirma, que “fueron los políticos (Soria y Rodríguez) los que no han hecho caso a los técnicos”. Pero en vez de reclamar a través de los tribunales el daño patrimonial provocado al ayuntamiento por Soria y su equipo, parece que ha encargado un informe a un gabinete jurídico importante, para que le diga si es posible llevar a José Manuel Soria a los tribunales, para reclamarle los daños ocasionados. Pero -supongo yo- que para terminar de complicar las cosas, Saavedra entiende que Madrid pudiera tener también responsabilidades en el asunto.
Por resumir, Soria dice que la licencia se dio con las bendiciones de los técnicos municipales, justo lo contrario, que afirma la sentencia y Saavedra. El popular mete en el baile al Ministerio de Cultura y le culpa de no llevar a cabo el Plan Especial que correspondía y Jerónimo afirma que quizás Madrid tenga responsabilidad en este asunto. Esta afirmación del alcalde, entiendo yo que perjudica los intereses del ayuntamiento, al que le conviene reclamar a un solo responsable; ya sabemos que, cuando la responsabilidad es de muchos,al final la culpa no es de nadie.
En definitiva en relación con la actuación de los técnicos municipales, alguien miente. Jerónimo Saavedra se ha apresurado a afirmar, que este es un asunto de los que hay que acometer sin prisas ¿Se juegan ustedes algo, que en poco tiempo lo de la biblioteca pasará al olvido?
Así que, como de costumbre, los ciudadanos no podemos saber quién miente y quién dice verdad, aunque a lo peor el problema está en que ningún político dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Me parece que nadie está muy interesado en abrir la posibilidad, que nuestra legislación da, de exigir que respondan los políticos que en el ejercicio de su cargo hayan causado daños patrimoniales a las instituciones, si se demuestra error culposo, dolo, etc., etc. Nadie se atreve, porque no conviene a esta casta que sólo es capaz de defender eficazmente sus intereses. A estos asuntos se le sacan los réditos electoralistas a los que haya lugar y después, se busca el olvido.
Parece ser que el único papel que nos queda a los ciudadanos es el de ser los “paganos” de todos estos asuntos. Cuando un político se equivoca, ahí estamos nosotros para aflojar los cordones de la bolsa y pagar religiosamente, los estropicios correspondientes.
Triste papel el que nos ha quedado en esta farsa.
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