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| Eugeni Gay, con su voto de calidad consiguió una sentencia increíble |
El otro
día me decía un amable lector que yo era un paranoico, ustedes dirán que quizás
no tan amable. Me explico, lo considero así en su condición de lector, después
tras la lectura aparca la amabilidad y me zurra la badana, lo que me parece normal teniendo en cuenta que se
maneja, en el terreno de lo ideológico, bastante mejor con la izquierda que con
la diestra. Dicho lo dicho, tengo que reiterarme en lo que contesté a ese
lector, le recordé la afirmación que no sé quién hizo exactamente, que decía
así “En ocasiones hasta los paranoicos son perseguidos”.
Aunque
para estar inquieto y ver asuntos oscuros en cualquier dirección que uno mire,
para ver posibles jugadas extrañas llevadas a cabo con mucho sigilo y muy
poquita vergüenza, para estar inquieto ante el futuro que desde la izquierda se
prepara, para observar que esto se está cayendo a pedazos y uno de los partidos
con más representatividad está jugando de manera consciente al “cuanto peor,
mejor”, no es necesario ser un paranoico, basta con ser realista.
Y habrá
quien, más amable, piense o me diga que soy un pesimista, pero no un pesimista
de serie, sino un “pesimista antropológico”. Para los que eso piensen
recordarles otra frase con la que estoy de acuerdo al ciento por ciento, una
afirmación que sostiene con acierto que “un pesimista no es más que un
optimista bien informado”
Y todo
esto viene a cuenta de una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, al que
parece no le da reparo alguno remangarse las togas y meterse en el charco que
haga falta, cuando hay que apoyar las causas que interesan a quien los “colocó”
en tan alta magistratura. Resulta que el Tribunal Constitucional de nuestro
país, ha decidido revocar una sentencia que condenaba a una representante del comité
de empresa de un Ayuntamiento, que en compañía de un representante de UGT,
decidieron irrumpir en el despacho de un concejal utilizando la fuerza y
desobedeciendo a la policía para imposibilitar que el representante público recibiera
a una pareja de ciudadanos e impedirle llevar a cabo su tarea, por estar convocada una huelga.
Por lo
que hicieron, que no les voy a contar aquí con demasiado detalle, fueron
condenados por un juez de lo penal a
penas que no comportaban su ingreso en prisión, el fallo que fue confirmado por
la Audiencia de Sevilla es ahora revocado por el TC, que en una sentencia que
necesitó el voto de calidad del vicepresidente del TC, considera que resulta
lícito invadir los despachos de cargos electos y desobedecer de manera
reiterada a las fuerzas del orden si todo ello se produce en un “contexto
huelguístico”.
La
ponente, madre de la sentencia afirma que el ejercicio del derecho a la huelga “actúa
como causa excluyente de la antijuridicidad” de la conducta observada por los
sindicalistas, lo que desde luego a mí me parece un disparate jurídico de
primera magnitud. Porque lo que está meridianamente claro y así lo manifiestan
los tres magistrados disconformes con la sentencia en los votos particulares
emitidos, digo que la ponente se olvida de que nadie puede ejercitar derechos
empleando medios que vulneren la legalidad.
Así que
el Tribunal Constitucional, de la mano de los mismos magistrados que
permitieron que los etarras de Bildu fueran a las elecciones, ahora defienden,
es más sacralizan un derecho inexistente que permitirá, a partir de la fecha,
actuar como les venga en gana a los sindicalistas, explicando que el hecho de
estar ejerciendo el derecho a la huelga, “excusa la antijuridicidad de sus
acciones”.
¡Para
qué queremos más! No teníamos bastante con los piquetes organizados por los
liberados correspondientes, que siguen utilizando la violencia para impedir asistir
al trabajo a los que voluntariamente no desean participar en determinadas
huelgas y ahora acabamos de inventar, volvemos a ser el asombro del mundo
civilizado, digo que acabamos de inventar el piquete de todos los piquetes, el piquete jurídico del Tribunal Constitucional.
De toda
la vida en los tribunales, en las facultades y escuelas de derecho se ha
sostenido que nadie puede utilizar conductas, medios o procedimientos
delictivos para defender un derecho, sea este fundamental como es el caso de la
huelga o no lo sea. El derecho a la huelga está reconocido como un derecho
fundamental, en eso estamos todos de acuerdo, pero nadie en uso de ese derecho
puede violentar la voluntad de los trabajadores que decidan no participar y no
pueden torcer su voluntad porque a los
que quieren trabajar les asiste el derecho al trabajo, que es tan fundamental
como el de huelga.
Ahora
se le ha dado a la casta sindical y a sus piquetes una patente de corso para
que puedan actuar con la violencia que les parezca, sin que ésta sea castigada.
Habrá que preguntarse hasta dónde estarán dispuestos a llegar los ilustres
magistrados del TC. Quiero decir que hasta que límite de violencia están
dispuestos a considerar que se puede excusar, en uso al derecho a la huelga. Si
la huelga es local, ¿será admisible un nivel menor de violencia?, pero si la
huelga es general ¿el ejercicio de ese derecho actuará excluyendo la
antijuridicidad de conductas más graves? Dónde está el límite y quién lo va a
fijar. Lo que ha hecho el TC es aplicar
lo de que el fin justifica los medios y se han quedado tan campantes.
Me
parece gravísimo que, ante un panorama en el que los sindicatos “advierten” que
irán a la huelga si no se les escucha, un panorama en el que los de UGT y CC.OO
avisan que van a colocarse en la oposición apoyando la postura del PSOE y de
los partidos de la izquierda, justamente ahora se blinde la utilización de la
violencia por parte de los sindicalistas porque el TC considera que el derecho a la huelga actúa como causa excluyente de la antijuridicidad de la
conducta observada. ¿Es esa la voluntad? A mí me parece que lo que se acaba de
sacralizar es que los sindicalistas puedan actuar impunemente con la violencia que deseen, porque
esta sentencia es una carta blanca que justifica lo injustificable.
Desde
sus primeros pasos el TC demostró haber nacido para estar al servicio del orden político, los
que no estén de acuerdo que recuerden lo de Rumasa, la sentencia del Estatuto
catalán, lo de Bildu y ahora esto. Creo que los magistrados no cumplen la tarea
para la que han sido nombrados, cuidar que la Constitución se aplique al
milímetro en todos los ámbitos de nuestro país. Espero que esto cambie, no
podemos seguir viviendo con un poder judicial sumiso al poder político, esto
hay que cambiarlo ya, a ver si de una vez por todas alguien se atreve a
ponerle el cascabel al gato.
Mientras,
vayan preparándose para unas huelgas en las que la utilización de violencia,
miren ustedes lo que son las cosas, estará justificada desde el Tribunal
Constitucional que permanecerá firme al servicio de no sé bien que interés,
aunque tengo claro que al de la Justicia no, eso está meridianamente claro.
Mientras
tanto los españoles sufriremos que los sindicalistas hagan lo que le salga… de
los piquetes y que además les resulte gratis.
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