Leo en la prensa que, el Partido Popular está ultimando el texto de una Ley de Huelga. Este proyecto formará parte de su programa electoral. Traducido al cristiano: Si ganan las elecciones, lo llevarán a las Cortes Generales para su aprobación.
Vaya por delante que, personalmente, me importa muy poco de quién parta esta iniciativa. En este caso, son los populares los que se han puesto a la tarea, tras la “huelga salvaje” del metro de Madrid. Pero podría ser la Comunión Tradicionalista, el PC o la Joven Guardia Roja quiénes impulsaran una iniciativa de este tipo y me apresuraría a dar la bienvenida, gozoso, a la idea y sobre todo al proyecto.
Hace unos días me quejaba de la falta de desarrollo de la norma constitucional que reconoce el derecho a la huelga. Dice la Constitución en el art. 28.2: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Los ciudadanos españoles hemos vivido, recientemente, unas experiencias que hacen más sencillo entender y aceptar la necesidad de legislar sobre el derecho a la huelga. Ni es aceptable lo que hicieron los controladores, ni tampoco lo es que se solucione un problema de índole laboral, aplicando medidas excepcionales que recorten los derechos constitucionales de todos los españoles.
El fin no justifica los medios. Si nos enfrentamos a problemas, que no se pueden solucionar, aplicando nuestras leyes con normalidad, y hay que aplicar medidas excepcionales, el motivo no es otro que la ineficacia y la falta de previsión de los gobernantes. Los de hoy y los de ayer; veremos que cabe decir de los de mañana.
Decía hace unos días, que prefería que la Ley de Huelga fuera desarrollada por un gobierno de la izquierda, que concitaría una mayor “comprensión” por parte de los sindicatos y que se encontraría con una menor oposición de un sector, que como es lógico, mucho tiene que decir al respecto.
Pero tal como pintan las cosas, ya me da lo mismo quién sea el que ponga en marcha la iniciativa. Vamos a vivir, de hecho estamos viviendo, una realidad que nos va a llevar sin remisión a una confrontación muy dura entre los sindicatos y todos los demás.
Tras la espantada electoral de Zapatero, que parece no se va a presentar a las elecciones, los “sindicatos”, es decir UGT y CC.OO. empiezan a salir del dulce letargo en el que han vivido, a cuenta del contubernio con el gobierno socialista. Una falsa paz sindical que tan cara nos ha salido a los ciudadanos.
Enero se advierte calentito. Anuncio de huelga general si se confirma la ampliación hasta los 67 años de la edad de jubilación. Pero creo que deberíamos prepararnos al menos para dos situaciones “la más probable y la más peligrosa”. El gobierno actual, tiene la obligación moral de emprender la tarea que le lleve a aprobar una Ley de Huelga. No creo que lo haga, es más, tampoco creo vaya a finalizar esta legislatura.
Estoy convencido que tras las elecciones locales del próximo mes de mayo, si se produce el revolcón que todo el mundo espera, se disolverán las Cortes y se convocaran elecciones. A no ser que el PSOE espere algo que pueda mejorar su horizonte electoral, lo que parece dudoso.
Necesitamos por tanto una ley, justa y eficaz. Que proteja de igual manera al trabajador que quiera ir a la huelga o el que prefiera ir a trabajar; una ley que acabe, de una vez por todas, con las acciones de los “piquetes informativos”. Una ley que regule los servicios mínimos de manera inteligente y justa y que proteja a los ciudadanos, salvaguardando los servicios esenciales.
¿Complicado? Pues diría yo que comprometido; pero tampoco supone la cuadratura del círculo. Hasta la fecha muchos han vivido cómodamente en ese vacío legal. Los sindicatos, en muchísimas ocasiones, han aprovechado la ausencia de una regulación, para hacer lo que han querido.
Es hora de que quién viva justa y eficazmente protegida, sea la mayoría. Que de eso se trata y no de otra cosa.
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