¿Somos realmente un Estado de Derecho?

¿Dominus vobiscum?

Quizás a algún lector le sorprenda el título del presente post, nos pasamos la vida escuchando afirmaciones pomposas referidas a la existencia y validez de este supuesto Estado de Derecho en el que presuntamente vivimos. Todos, sálvese quien pueda, hacemos referencia al mismo de vez en cuando, pero realmente ¿España  es un Estado de Derecho?

Pues francamente tengo serias dudas, probablemente en ese consenso sobre su existencia haya mucho más de teoría, que de realidad; mucho más de bálsamo tranquilizador que de escenario real. Si vivimos en un Estado de Derecho, tendremos que aceptar que éste se encuentra muy mal de salud y resiste en un estado casi comatoso, gracias a la respiración asistida, la ventilación mecánica y la alimentación por vía intravenosa. Quien tenga dudas al respecto que repase su memoria o busque en las hemerotecas la noticia publicada sobre la apertura del Año Judicial.

Una ceremonia solemne celebrada hace apenas unos días, que entre otras finalidades debiera servir para subrayar la celebérrima independencia de los tres poderes que conforman necesariamente el estado de Derecho y que este año sirvió para que el presidente del Tribunal Supremo hiciera dos asertos que son para que todos nos ruborizáramos y pasáramos directamente de la reflexión a la vía de los hechos al objeto de solucionar el pavoroso problema que denunciaba Carlos Dívar.

Señaló el presidente del TS el disparate que supone que el Tribunal Constitucional entre a juzgar la bondad o maldad de las sentencias del Supremo más allá del ámbito que le es propio al TC, que no puede entrar en estudiar las pruebas o las sentencias del TS desde el punto de vista técnico jurídico y sólo debería entender sobre la constitucionalidad de los elementos jurídicos utilizados para sentenciar y en la protección de los derechos fundamentales del justiciable que consagra nuestra Constitución.

Que en un país europeo, moderno, que fue en tiempos maestra del derecho para medio mundo, el Tribunal Constitucional y el Supremo anden a la greña a cuenta de las injerencias que se producen en la esfera de actuación de uno de ellos resulta muy grave y con ser esta situación insoportable, no fue lo más grave que denunció el presidente del TS.

Hizo una afirmación a lo largo de su discurso que pudiera parecer al observador poco avisado una obviedad y que probablemente escandalizó a los que se niegan a ver la realidad de las cosas, cegados como están en defender intereses inconfesables, y conste que si los califico como inconfesables se debe a su condición de no confesados. Afirmó, advirtió Carlos Dívar que “Las decisiones del Supremo deben ser respetadas por todos, en particular por las instituciones públicas”.

Una afirmación que nos coloca ante una situación que no podemos obviar. En España el Estado de Derecho, que se fundamenta ineludiblemente en el respeto a la ley y a las decisiones de sus órganos jurisdiccionales, cuyo paradigma debiera ser el viejo aforismo jurídico que reza “Dura lex sed lex”, está siendo sustituido, ante la irreprimible satisfacción de muchos, por otro de nuevo cuño  que se apoya en un aforismo distinto: “No es justo lo que no es de mi gusto” y los que aún creemos en este sistema, vemos estupefactos e indignados como instituciones y cargos públicos electos se pasan el contenido de las sentencias por el mismísimo arco del triunfo, me van a perdonar ustedes la manera de señalar,  sin que nada suceda.

Naturalmente que los bien pensantes, los políticamente correctos, dirán que no es para tanto, que hay que ver como se ponen estos catastrofistas, que si hablando se entiende la gente, que esto lo solucionaremos más tarde, que ahora no es el momento, etc. Pero lo que está claro como el agua es que en España si a un ciudadano se le ocurre la peregrina idea de no acatar una sentencia, cae sobre él todo el peso de la ley, mientras si quien advierte que no piensa cumplir el contenido de la sentencia porque no le gusta y además insulta a los magistrados que la hayan firmado, es un cargo público del sindicato de los “demócratas fijos discontinuos”  o una Institución,  aquí no pasa nada y no pasa nada porque nuestro sistema jurídico castiga esta conducta con una lenidad tal que resulta inadmisible.

Es España desobedecer a los tribunales o atacar la propia existencia del Estado de Derecho sale prácticamente gratis, si quien lo hace resulta ser una Institución, autoridad o funcionario público. El “problemilla” se salda con una multa y una leve inhabilitación. En España las leyes que defendían la existencia del Estado de Derecho se han cambiado por otras que impiden el fin para el que supuestamente fueron creadas. Si pasado mañana a D. Artur Más se le ocurriera anunciar la secesión de Cataluña  y organizara un referéndum para ratificarla, aquí no pasaría nada, porque nuestro Estado de Derecho no tiene armas para combatir estas cuestiones. Claro que alguno sostendrá que a Más se le inhabilitaría y que esa es una pena muy grave para un político, yo digo que sí, que a lo peor se le impondría una multa y pudiera ser inhabilitado entre seis meses y dos años. Que ya me contarán ustedes si la pena tiene la bastante carga coactiva como para provocar el efecto disuasorio correspondiente.

Pero además hay que señalar que todos estamos hartos de ver como se saltan a la torera las sentencias del Supremo sin que nada suceda; así que habría que preguntarse de que valdría la sentencia de la presunta inhabilitación de Más o de cualquier otro que pretenda la secesión de España, pues no serviría para nada. Con  archivarla en el armario de “sentencias incumplidas” asunto solucionado.

No estoy haciendo teoría, todos sabemos que lo que describo puede suceder cualquier día de estos; cuando algunos advertíamos de que estábamos entrando en una deriva que podría llevarnos a la ruptura de España como nación, los que eso sosteníamos fuimos insultados y convenientemente descalificados. Todos recordaremos a “ocurrentes” cargos socialistas riéndose y haciendo burla de tal afirmación. Ahora los que honradamente sean demócratas ya no reirán tanto.

Es intolerable que el Presidente del Supremo tenga que pedir en un acto solemne que las instituciones públicas respeten el contenido de las sentencias. Pero lo grave del asunto no es que tenga que advertirlo ante la contumaz resistencia de muchos al cumplimiento de las mismas, lo más grave es que debe limitarse a decirlo, porque nuestro Estado de Derecho no tiene las armas jurídicas necesarias para imponer la obediencia y el acatamiento cuando éstos no se producen.

Hemos pasado del Estado de Derecho al Estado Indefenso y algunos se alegran. Mientras, los responsables se ponen de perfil o silban quedamente y miran para otro lado.